NACIONAL, 22 de abril de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso el plan para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y la caída del precio del petróleo. Los ejes principales son la aplicación rigurosa de la Ley de Austeridad Republicana en el ejercicio de la Administración Pública Federal y el mantenimiento de programas y proyectos estratégicos.

“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo remarcó que no aumentará el precio de los combustibles ni los impuestos; no habrá nuevos o se contraerá deuda adicional a la existente.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”, puntualizó.

Este día se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto y con ello entrará en vigor; estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

  • En el Poder Ejecutivo Federal, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos no será despedido ningún trabajador y no habrá incremento del personal.
  • Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva; es decir, al que reciba mayores ingresos aportará más recursos. A los servidores públicos con menores ingresos se les aplicarán menos descuentos.
  • Los altos funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta subdirectores, no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
  • No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, esto también incluye a lo supuestamente comprometido.
  • Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán tales cargos.
  • Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la población. Se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de frenar la renta de edificios, vehículos, bodegas y otros inmuebles.

El plan establece el otorgamiento de 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media, así como la creación de 2 millones de nuevos empleos.

Más información: https://bit.ly/2KmRHfp

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